Quien sufrió un
siniestro de tránsito se enfrenta con un acto de violencia que afecta su
derecho a la salud, a su integración social y, lo que es peor aún, su derecho a
la vida. La violencia en el tránsito es una verdadera enfermedad social.
La Declaración
Universal de los Derechos Humanos, en su artículo tercero establece que “todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona”. Todo individuo que ha sido afectado por un siniestro de tránsito ve
sistemáticamente lesionadas estas prerrogativas.
Se enfrenta con un acto
de violencia que afecta su derecho a la salud, a su integración social y, lo
que es peor aún, su derecho a la vida. La violencia en el tránsito es una
verdadera enfermedad social. “Es un problema de salud pública donde no se trata
de rehabilitar la salud dañada, sino de prevenir para que se pueda gozar
plenamente ella”.
Resulta cada vez más
evidente que la siniestralidad vial está generando un estado de alteración por
las pérdidas humanas, económicas y dolor por lo que queda destruido. Las
consecuencias de los siniestros de tránsito constituyen un verdadero flagelo
nacional, ya que todos los años miles de personas pierden la vida o sufren
lesiones, discapacidades y daños viendo afectado su normal desarrollo en forma
particular y el de su grupo familiar y personas allegadas.
En muchos casos se
produce la desaparición del sostén de familia provocando con ello que la misma
quede sumida en la pobreza. En este marco de inseguridad de nuestras rutas y
calles es insoslayable la necesidad de que el Estado (en cualquiera de sus
expresiones: nacional, provincial, municipal) asuma su “liderazgo” en materia
de seguridad vial y lo concrete mediante la adopción de una verdadera y activa
“política de estado” (no su mera enunciación mediática).
Es importante que cada
uno desde su área de responsabilidad (sea esta individual, familiar, social
empresaria) asuma compromisos de acción para contribuir a paliar los efectos no
deseados del tránsito en la sociedad, principalmente aquellos que afectan la
vida y la salud de propios y del prójimo que quizás sea una víctima
innecesaria.
Las acciones (sean del
estado o de las privadas) no pueden ser resultado de un simple acto
“voluntarista” de hacer por hacer o de hacer porque otros no cumplen con su
responsabilidad. La efectividad en mayor o menor grado dependerá de lo
“informados” que estemos respecto al problema que enfrentamos. La información
da contenido a la acción que queremos desarrollar.
De poco sirve declarar
una “emergencia vial”, sancionar nuevas normas, generar expectativa social,
(cuando no se han cumplido las vigentes en lo municipal y provincial ); la
siniestralidad es la respuesta, tampoco servirá lanzar una campaña de repartir
folletos con contenidos extemporáneos, probadamente repetidos de otras
experiencias y poco efectivos; tampoco manifestar o realizar acciones de
capacitación a los agentes de control sin una previa y seria evaluación de los
conocimientos que tengan, sean estos buenos o malos, de los destinatarios.
Cuáles han sido los
resultados de las charlas de Educación Vial en las escuelas para nuestros hijos
cuando los aguardamos a la salida de la escuela estacionados en doble fila,
vamos en moto sin casco, los docentes van en moto sin cascos, padres que llevan
hasta tres chicos en su moto.
Poco servirá la “emergencia vial” si funcionarios de
todos los niveles, agentes de la administración pública y empresas del estado
provincial y sin excluir a las autoridades, funcionarios, y aquellos que
ejercen tareas de control vial, ni siquiera usan cinturones de seguridad en los
vehículos oficiales y si es último modelo lo están colocados permanentemente
para que no les moleste el ruido indicativo del vehículo a la espalda del conductor,
mucho menos en los particulares, cuando la máxima requisitoria policial en una
ruta es “de donde viene y hacia donde va” o camiones cargados con rollizos a
velocidades que no se compadecen con el tránsito ágil, de noche, muchos sin
luces, mal resguardados, conductores que no usan la luz baja como si el gasto
de la misma viniera en la boleta de la empresa de energía a fin de mes .
La emergencia tendrá
que poner negro sobre blanco y encontrar en ese periodo los puntos relevantes
para acciones concretas y globales, entre provincia y municipios, acortando las
diferencias y acordando procedimientos en un tema que nos supera a todos como
sociedad pero fundamentalmente a quienes tienen la responsabilidad
institucional de llevar adelante la prevención y seguridad de la ciudadanía.
NUESTRO
COMPROMISO
Nuestra provincia tiene
uno de los índices más altos de mortalidad por siniestros de tránsito. Tanto
escuchamos y leemos de muertes y siniestros que corremos el riesgo de asumir
este flagelo como algo normal como una mera expresión de problemas de otros o
de porcentajes y cifras estadísticas.
Pero estos números
encierran mucho más. Estamos hablando de vidas humanas, de sueños, de proyectos
que no se van a realizar. Vidas, sueños y proyectos que bien podrían ser los
nuestros o de nuestros seres más queridos. Es importante no perder de vista
esta dimensión del problema y asumir que nuestra obligación y deber de
ciudadanos es hacer algo ya y ese ya esta nuestro compromiso de empezar por
nosotros mismos a ser cuidadosos y cumplir con aquellas normas creadas a
proteger nuestra vida.
Como legislador estaré
avanzando en materias como las nombradas respecto a transporte de cargas de
material vegetal, reforzando mediante ley la cuestión de la emergencia pero por
sobre todo reafirmando que debemos empezar por nosotros mismos a respetar las
normas que ya están.
(*) Legislador
Provincia del Chaco Argentina
